Estado de emergencia en Trujillo y Pataz por minería ilegal

El gobierno ha declarado este lunes estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, ubicadas en la región La Libertad, por un periodo de 60 días. Esta medida busca hacer frente a la creciente delincuencia y violencia generada por la minería ilegal en estas zonas.

Según informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, el control del orden interno en Trujillo estará a cargo de la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En cambio, en la provincia de Pataz, el control del orden interno estará a cargo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional.

Durante el periodo de emergencia, se suspenderán las actividades comerciales y sociales desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada en ambas provincias.

En Trujillo, la medida afectará a toda la provincia y sus distritos más poblados, como Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza, donde se ha registrado un alarmante aumento de la criminalidad, con 30,000 delitos y 11,000 robos y hurtos el año pasado, así como un promedio de una muerte por día en el 2024.

Por su parte, en Pataz, la presencia de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal ha generado sabotajes a torres de alta tensión y un crecimiento descontrolado de la actividad minera ilegal, junto con la explotación laboral y sexual. Ante esta situación, el control del orden interno será asumido por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, en aplicación de los decretos legislativos 1095 y 1136.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, destacó la necesidad de esta medida debido a los actos de terror perpetrados por las bandas criminales, que han atacado a las fuerzas del orden y a infraestructuras vitales como las torres eléctricas. Además, señaló que estos grupos cuentan con armamento sofisticado, superando la capacidad de la policía para enfrentarlos.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres, anunció un aumento del personal policial en ambas provincias para reforzar las operaciones de seguridad, especialmente en Pataz, donde la minería ilegal ha generado un aumento significativo de delitos como la trata de personas, el sicariato y las extorsiones.

La declaración de estado de emergencia en estas provincias refleja el compromiso del gobierno peruano de enfrentar la delincuencia y la violencia generada por la minería ilegal, garantizando la seguridad y el bienestar de la población.